Regubernamentalización intolerable de RTVE y proceso de desmantelamiento de las televisiones autonómicas

Declaración ULEPICC

ULEPICC Sección España quiere denunciar lo que considera un ataque a los medios públicos de radiotelevisión y un grave retroceso democrático

Real Decreto-ley 15/2012, del 20 de abril, de modificación del régimen de administración de la Corporación RTVE y Proyecto de ley para flexibilizar los modos de gestión de los canales públicos de televisión autonómica (Consejo de Ministros de 20/04/2012)

La reforma de RTVE acometida en 2006, a pesar de ser muy mejorable, representó el primer paso hacia la desgubernamentalización real de los medios de comunicación públicos en este país. Por primera vez desde la creación del servicio público de radio y televisión la gestión del mismo dejaba de estar en manos de quien ostentara una mayoría absoluta; y se exigía una elección consensuada del Presidente de la Corporación RTVE que debía ser, como los órganos de administración de la misma, elegido por una mayoría reforzada de dos tercios en el Congreso y el Senado. Eso implicaba que PSOE y PP al menos debían pactar una figura de consenso. O, lo que es lo mismo, que por primera vez la presidencia de RTVE no se correspondería con un perfil de gestor totalmente afín al gobierno de turno. Aquello fue un cambio histórico.

Con la reforma introducida por el Real Decreto-ley 15/2012 del pasado 20 de abril, el consenso ya no es necesario para la elección del Presidente y del Consejo de Administración  de la Corporación RTVE, que podrán ser elegidos por mayoría absoluta, en segunda votación y al cabo de 24 horas, si no se logra una mayoría de dos tercios en la primera votación. Se retrocede así al modelo de radiotelevisión pública anterior, en el que la independencia y neutralidad del organismo se hacía muy difícil, cuando no imposible, especialmente en los informativos. La modificación legislativa también elimina la presencia de los sindicatos en el Consejo de administración de RTVE, otro avance histórico de la reforma de 2006 que ahora queda en nada, eliminando la representación de colectivos profesionales y sociales.

Ya en enero de 2004 la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa citaba a RTVE como ejemplo de “clientelismo político”,  criticando que entre 1980 y 2006 se nombrara  al Director General en el Consejo de Ministros. De facto se vuelve ahora a esa situación mediante el procedimiento de la mera mayoría absoluta parlamentaria. Asimismo, esta medida contradice de plano el llamamiento del Consejo de Europa a los gobiernos (16/02/2012) para reforzar la independencia de los medios públicos.

Es insólito que el Real Decreto-ley 15/2012 apele a la “independencia, neutralidad y objetividad” de la radiotelevisión pública desde lo que constituye una perversión de sus significados. ¿Cómo se puede garantizar la independencia, neutralidad y objetividad de los profesionales con gestores que no son independientes? Doblemente insólito es que se apele a “la actual situación de parálisis” como motivo del cambio, cuando la parálisis es debida en gran parte al propio partido que gobierna y reforma la ley. A nadie escapa que lo que existe en realidad es una enorme falta de interés por ejercer lo que es la base de la democracia: el interés general.

Junto a este Real Decreto-ley también denunciamos la otra estrategia que le acompaña: el ahogo económico de RTVE y la privatización del espacio comunicativo.  Ambas estrategias revelan la comprensión de la comunicación como un puro objeto de negocio y un sistema de control de la opinión pública. La Corporación percibirá 200 millones menos en los presupuestos de 2012, obligándole a modificar toda su estrategia y a eliminar producciones y/o canales en un mapa de predominio de la oferta privada generalista, temática o de pago. Esto impedirá a RTVE ejercer de servicio público ejemplar en los ámbitos de la programación y la producción, haciéndole perder audiencias, y desdibujando su rol tractor como líder hasta ahora del sistema comunicativo.

Estamos, en definitiva, ante una reforma que constituye una auténtica regresión democrática, como tantas otras que la actual coyuntura de crisis está amparando, a pesar de que, como ellas, sea una decisión que en nada puede contribuir a solucionar el problema que pretende resolver. Todo lo contrario. Desmantelar lo que estaba funcionando bien es una perversión política que solo se entiende desde el autoritarismo y el empeño en convertir la comunicación social en puro negocio políticamente controlado.

La ofensiva simultánea que se está desplegando sobre el sistema público de radiotelevisión autonómica no escapa por supuesto a este diagnóstico. Primero (y pese a las previsiones legales existentes) se permitió la externalización de sus servicios informativos, y ahora se pretende modificar la Ley General de Comunicación Audiovisual, por un procedimiento de urgencia, para así flexibilizar los modos de gestión de los medios públicos regionales y abrir la puerta a su privatización y desmantelamiento. Además, se invita a las comunidades autónomas a sacar a concurso las correspondientes licencias audiovisuales en caso de que decidan no prestar el servicio público audiovisual en sus respectivos territorios, o a someterse al credo de la estabilidad presupuestaria si, por el contrario, deciden ofrecerlo.

En las democracias con los sistemas de medios públicos más plurales e independientes, los gobiernos jamás se sienten a gusto con ellos. Pero prefieren esta incomodidad, a veces muy contraria a sus intereses, al desprestigio de tener medios públicos afines o de proceder a desmantelarlos. Lo primero añade una considerable dificultad a la tarea de gobierno, pero las dos segundas opciones son consideradas una vergüenza intolerable.

En el caso de las iniciativas del Gobierno Rajoy las medidas son tan escandalosas que:

  • instamos a los diputados del Parlamento que tienen que ratificar el Real-Decreto ley sobre RTVE y valorar la pertinencia del Proyecto de Ley que afecta a los medios públicos autonómicos, a que no lo hagan, puesto que son medidas que atentan contra el pluralismo, la independencia informativa y el servicio público;
  • proponemos que se abra un debate general sobre el servicio público en orden a su viabilidad;
  • y asumimos, por nuestra parte, el compromiso de llevar estos temas al alumnado de comunicación como ejemplos de deterioro democrático grave que contradice todo lo que se enseña en las universidades sobre comunicación de calidad y democrática.

25 de abril de 2012.


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