Por una Universidad Pública autónoma, libre y de calidad

En un proceso sin precedentes de ataque a las clases medias y trabajadoras y de falta de transparencia y deliberación democrática del gobierno español, ULEPICC-España defiende el derecho universal de los ciudadanos a pensar, conocer e investigar libremente en beneficio de la democracia y del conjunto de la humanidad frente a la sumisión a los mercados. En defensa de los derechos consustanciales al principio de igualdad de oportunidades y de acceso a la educación superior que ampara constitucionalmente a nuestras universidades de titularidad pública, consideramos que es el momento de recuperar la iniciativa por parte de la comunidad universitaria articulando redes de cooperación y resistencia frente a estos ataques que profundizan una línea de desarrollo, en el marco de implantación del Plan Bolonia y del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que restringe los derechos de estudiantes, PDI, PAS y la ciudadanía en general con la excusa de las necesidades de ajuste presupuestario.

La política educativa notoriamente regresiva que está imponiendo el actual gobierno no contribuye sino a minar las bases de desarrollo y autonomía universitaria que puede afectar a varias generaciones y, desde luego, a las condiciones de desarrollo sostenible y al bienestar, en general, de la población. La reducción drástica del financiamiento público, acompañada de subidas en las tasas de las matrículas, la disminución de las becas, la rebaja salarial y el recorte del personal docente e investigador y de administración y servicios, y la histórica escasez de recursos para la investigación, con el aumento de la jornada laboral, y la masificación de las aulas, nada tienen que ver con la excelencia y sí, más bien, con la degradación de las condiciones generales de desarrollo del sistema de formación y conocimiento.

La promesa del EEES y los pronunciamientos de los propios responsables de la Comisión Europea de impulsar, tras el Libro Blanco de Delors, el  tránsito hacia una nueva economía sostenible del conocimiento, suponen que España y la Unión Europea (UE) deben contribuir prioritariamente con sus políticas públicas a cultivar el desarrollo del conocimiento, la cultura, la ciencias y las nuevas tecnologías, invirtiendo en la inteligencia y saber-hacer productivo y, desde luego, en la formación del propio capital humano. Con la actual política de contención del gasto y recortes radicales de la inversión en el sistema educativo, España y la UE van a sufrir una descapitalización de capital simbólico y cognitivo sin precedentes en la historia. Una de las consecuencias más visibles de las reformas universitarias en España es que se está produciendo una fuga de cerebros, de investigadores y docentes, hacia otros países donde encuentran mejores posibilidades de desarrollar su trabajo. La descapitalización y la masificación de la enseñanza van a contribuir a hacer inviable una educación de calidad basada en la innovación, la creatividad y el desarrollo científico-técnico. Pues, de hecho, en el caso de España, la inversión del PIB en educación y la ratio de alumnos por aula no resisten una comparación con los países centrales de la UE.

Las reformas están introduciendo mecanismos mediante los cuales los esfuerzos económicos recaen crecientemente en los estudiantes, aunque también en el profesorado y el personal de servicios. Al mismo tiempo, están abriendo las puertas a la influencia y control externo, tanto de los poderes políticos como económico-financieros. Estos poderes cada vez tienen más capacidad de orientar las universidades en función de sus intereses y han emprendido un proceso que puede llevar a la mercantilización e incluso a la privatización de la universidad. El resultado podría ser el fin de la universidad pública tal y como la hemos entendido hasta ahora y el fracaso en el cumplimiento de su misión de buscar de modo desinteresado e independiente un conocimiento veraz con el fin de hacer avanzar las sociedades en estos tiempos de crisis.

Desde ULEPICC-España proponemos en consecuencia:

• Exigir en cada Rectorado y Comunidad Autónoma el mantenimiento de las plantillas de PDI y PAS, diseñando un plan estratégico de sostenibilidad y viabilidad a medio y largo plazo del modelo de Bolonia, de acuerdo a las exigencias de calidad, personalización y excelencia implícitas en el EEES.
• Demandar de las autoridades académicas y los gobiernos autonómico y nacional un programa-marco de financiación estable para la modernización de la enseñanza como tarea pendiente de política de Estado en la materia.
• Aprobar el borrador de Estatuto de PDI, pendiente en la anterior legislatura y omitido por el nuevo gobierno, haciendo expreso el reconocimiento de excelencia del PDI en virtud de la concesión de derechos y estímulos a la productividad y no, como en la actual normativa, como una forma de penalización y recortes de derechos ya reconocidos en la carga docente y lectiva del profesorado, en el entendimiento de que la virtud y la excelencia es fruto de estímulos salariales, laborales y de reconocimiento público, y no como resultado de la lógica punitiva que se está instaurando en el sistema universitario. 

1 de mayo de 2012.

Declaración completa en pdf