Lunes, 12 de julio de 2021
En su firme compromiso con el valor de servicio público de los medios de comunicación, la Asociación ULEPICC-España (Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, Sección España) considera necesario manifestar su respaldo a Radio Televisión Madrid tras la aprobación, por parte de la Asamblea de Madrid, de la proposición de ley de modificación de la Ley 8/2015 reguladora de la radiotelevisión pública madrileña, que asegura el control gubernamental de la radiotelevisión pública, alejándola así de su mandato de independencia. Este hecho no es sino la culminación del ataque iniciado al ente hace semanas tras las declaraciones proferidas por Rocío Monasterio, diputada regional de Vox, en la que instaba al cierre de Telemadrid asegurando que no cumple con sus funciones de servicio público y decorando su discurso con datos económicos falsos.
La arremetida contra la radiotelevisión pública madrileña no es un caso aislado, sino que corresponde a una estrategia de acoso al conjunto de radiotelevisiones públicas instaurada en la derecha política española desde hace varios años. A la modificación de la legislación estatal, durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, para garantizar el control de la Corporación de Radiotelevisión Española (CRTVE) y permitir la gestión indirecta de las corporaciones autonómicas, asegurando así la entrada de capital privado en la gestión de recursos públicos, se sumaron en la misma época la liquidación de las sociedades de la radiotelevisión pública valenciana, el ahogo económico de su homónima asturiana bajo el Gobierno de Foro Asturias, o las amenazas de cierre de la corporación de Castilla-La Mancha por parte del ejecutivo de Mª Dolores de Cospedal. Más recientemente, el partido de extrema derecha Vox ha iniciado su asedio no solo a la corporación madrileña sino también a la Radio y Televisión de Andalucía, llegando incluso a cuestionar el derecho a huelga de los trabajadores, y a la corporación estatal.
En este contexto, y ante el argumento de que es necesario cerrar las radiotelevisiones públicas para evitar el cierre de otros servicios públicos como la sanidad o la educación, ULEPICC-España desea manifestar:
- Las radiotelevisiones públicas en España ofrecen un servicio público de primera necesidad, esencial en una democracia moderna, cuya rentabilidad no puede medirse en términos económicos, sino sociales. La media de coste del servicio público de radiotelevisión en España ronda los 42 euros por habitante, datos muy por debajo del coste de estos servicios en el resto de Europa, donde alcanza los 65 euros.
- Son urgentes los desarrollos normativos y cambios legislativos para proteger las radiotelevisiones públicas de las injerencias políticas y de la manipulación política. Esta independencia política así como la despartidización de estos organismos ha de ser una prioridad en la actual agenda política española. Además, en la gestión de los medios de comunicación públicos se debe contar con la presencia de la ciudadanía y los profesionales de los medios.
- La abundante literatura científica internacional sobre el papel de los medios públicos en los sistemas mediáticos subraya la extraordinaria importancia que tienen las radiotelevisiones públicas como garantes de una democracia participativa en la actual “economía del conocimiento”.
- Los medios de comunicación públicos en el contexto de la comunicación local o de proximidad son esenciales para la vertebración territorial y para el progreso económico, social y cultural de los ámbitos subestatales; siendo estos organismos, además, los únicos que promueven la diversidad propia del estado español. Conviene recordar que la Asociación Europea de Televisiones Regionales (CIRCOM) agrupa más de 376 televisiones de más de 38 países, lo que permite constatar que la existencia de radiotelevisiones autonómicas en España no es, en absoluto, algo excepcional de nuestro país.
- El debate sobre la necesidad de los medios de comunicación públicos reaparece en un contexto mediático en el que existe un profundo desequilibrio entre medios públicos y privados, más si cabe con el auge de las plataformas de TV de pago y servicios OTT, en el que los operadores privados son predominantes. Es esa estructura de hegemonía privada y no los medios públicos la que constituye una seria amenaza para la pluralidad informativa y la diversidad cultural en el actual sistema mediático español.
- ULEPICC-España desea subrayar que el resurgimiento del debate sobre la legitimidad de los medios de comunicación públicos no se produce por casualidad, sino en un contexto de expansión de fake news e infoxicación, más difíciles de combatir que nunca por la pérdida de relevancia de los medios de comunicación públicos.
Asimismo, debemos manifestar que actuaciones de este tipo sólo sirven para alarmar a la sociedad y provocar respuestas emocionales de la ciudadanía. Es hora de que se aborden las reformas necesarias para que los medios de comunicación públicos en España sean liberados de la dependencia política y se puedan convertir en medios realmente independientes, con calidad y credibilidad, mediante una gestión transparente, y una permanente rendición de cuentas a la ciudadanía; que dispongan de la financiación adecuada para hacer posible su adaptación al actual entorno digital, social y cultural; que los medios de comunicación públicos reflejen diversidad y pluralidad, y estimulen empoderamiento social y la participación ciudadana; que pongan en diálogo a los diversos actores políticos y sociales; que sirvan para el desarrollo económico, social y cultural del sector audiovisual y de las industrias culturales y creativas del territorio.
Finalmente, debemos manifestar, como ya hemos hecho en numerosas ocasiones , que el desarrollo de un sistema mediático español maduro, moderno y competitivo, sólo será posible mediante la creación de una autoridad independiente supervisora y reguladora del audiovisual, el prometido Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, derogado de la legislación también durante la I legislatura de Mariano Rajoy y olvidado por los ejecutivos posteriores. Recordamos que somos el único país de la Unión Europea que no dispone de este tipo de organismo que permitiría, entre otras cosas, velar por los intereses de nuestras radiotelevisiones públicas en un contexto mediático dominado por los conglomerados transnacionales privados.
En definitiva, ULEPICC-España manifiesta su apoyo a los medios de comunicación públicos y emplaza a los gobiernos estatal y autonómicos, así como a las formaciones políticas, para que asuman como objetivo la protección de la comunicación de servicio público.